Poder Judicial Federal : la represalia presidencial

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Carlos Bravo Regidor EN REFORMA

3 MIN 30 SEG

19 octubre 2023

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La justicia en México tiene numerosos y profundos problemas, pero ninguno se va a resolver eliminando los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ninguno. De hecho, esos fideicomisos nunca fueron tema mientras un aliado del Presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Desde que lo reemplazó la ministra Norma Piña, sin embargo, las cosas cambiaron; la Corte comenzó a ejercer más decididamente su responsabilidad como tribunal constitucional y a enfrentarse a los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, controlados por la coalición obradorista. Multitud de asuntos pendientes, deliberadamente postergados, empezaron entonces a resolverse con relativa celeridad -tanto por defectos de procedimiento como de fondo- en contra de los intereses del oficialismo. En respuesta, López Obrador y sus partidarios han optado por tomar represalias de cuatro maneras: 1) movilizando a la opinión pública para estigmatizar a la Suprema Corte como si se tratara no de un contrapeso institucional sino de un contrincante político; 2) presentando iniciativas que amenazan con hacerle juicio político a los integrantes de la Corte; 3) proponiendo que ya no se les nombre mediante terna presidencial y ratificación de mayoría calificada en el Senado (art. 96 de la CPEUM) sino por voto popular directo; y 4) reduciéndole el presupuesto al Poder Judicial en su conjunto y buscando no tanto eliminar sino expropiar sus mentados fideicomisos.

Carlos Bravo Regidor (Ciudad de México, 1977). Es internacionalista por El Colegio de México e historiador por la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como analista político y consultor independiente.

No estamos ante un diferendo normal entre poderes. El Presidente y sus aliados no están promoviendo una reforma para mejorar la impartición de justicia en México, no están desplegando una estrategia jurídica para corregir tras los reveses que les ha propinado la Corte, tampoco están implementando una política que favorezca la transparencia o la rendición de cuentas ni emprendiendo una cruzada anticorrupción o antiprivilegios. Los fideicomisos en disputa son perfectamente legales y están auditados: no son una «caja chica» para lujos, un «guardadito» para desviar dinero, no son una «partida secreta» que los ministros manejen a discreción. Son fondos destinados a fines delimitados y concretos, que no pueden utilizarse para ningún otro propósito. ¿Qué se financia con ellos? Pensiones; prestaciones médicas y ayudas para emergencias de salud; publicaciones y difusión; proyectos de cooperación internacional; aportaciones para cuando el personal tiene que cambiar, por cuestiones laborales, su lugar de residencia; y otras cosas -algunas burocráticas y mundanas, otras literal de vida o muerte- por el estilo. Por lo pronto, insisto, no tienen nada de malo, los fideicomisos son instrumentos con los que operan un montón de burocracias. En cualquier caso, si hubiera alguna opacidad podría transparentarse; si hubiera irregularidades podrían sancionarse; si hubiera vacíos en su regulación podrían subsanarse. El monto al que ascienden oscila entre los 15 y 20 mil millones de pesos. ¿Es mucho? Según información pública, el Poder Ejecutivo administra casi 180 fideicomisos con más de 550 mil millones de pesos, 100 mil millones de los cuales corresponden a fideicomisos militares. Los 13 o 14 fideicomisos judiciales no son un problema, son un pretexto.

Ante lo que estamos, más bien, es ante un ataque del Presidente -descarado, concienzudo, metódico- contra el Poder Judicial: para quitarle recursos, para entorpecer su trabajo, para meterle presión, para generarle conflictos internos. Y en temporada electoral, además, para convocar al voto en favor de su partido y en contra de este nuevo enemigo (que se suma al INE, a la prensa, al INAI, a las comunidades científicas y culturales, a los movimientos de víctimas, a las protestas de las mujeres, etcétera). No importan las obligaciones patronales del Poder Judicial ni los derechos de sus trabajadores; no importan las afectaciones al servicio público que brinda; no importa poner en riesgo el acceso efectivo a la justicia de los mexicanos. Lo único que le importa al «humanista» de las mañaneras es mantener vivo el fuego del agravio (real o imaginario, tampoco importa). Ese es el combustible indispensable de su liderazgo.

Fuente: https://www.reforma.com/pjf-la-represalia-presidencial-2023-10-19/op258647?pc=102